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Por: Milton Henríquez
Abogado, comunicador y Presidente del Partido Popular (PP) de Panamá
Algunos me dirán que siempre ha sido así, pero yo pienso que nunca como ahora la política ha sido mercantilizada al punto de que es muy difícil practicarla decentemente. La política debe ser una competencia de ideas y no de chequeras; sin embargo, al ir acumulando el Estado tanto poder de decisión sobre las vidas y haciendas de las personas, la incidencia —que no es necesariamente participación— en política se hizo indispensable para los que tenían algo que proteger. Pero en los últimos tiempos la política ha ido pasando de ser una actividad en la que los factores de poder económico tenían incidencia para proteger sus intereses, a una proyección o elemento del plan de negocios de algunos grupos económicos.
No es lo mismo tener actividades empresariales legítimas que producen empleo, riquezas y que pagan impuestos razonables, que grupos económicos depredadores, cuyas ganancias solo pueden salir del Tesoro Público a través de contratos amañados a precio inflado, se tomen el poder político. Lo uno es una actividad empresarial saludable para un país y lo otro es una actividad de piratería. El problema se agrava cuando los piratas quieren más; ya no solo quieren saquear, sino que ahora quieren mandar. Entonces hacen del Estado su propia Isla Tortuga y se establecen para reinar bajo el código pirata.
La puerta de entrada para la piratería en la política es la misma que usan otros delincuentes como los narcotraficantes y demás organizaciones criminales: el financiamiento electoral.
Quien ve la política como vía para el logro del poder para hacer negocios, no tiene otra ideología que el lucro, le da lo mismo hacer negocios con gobiernos de derecha como de izquierda, apoyan financieramente a todos los candidatos que les quieran aceptar su dinero y finalmente van criando a su cuadra de candidatos incondicionales. Como los grandes tramposos que son, ponen caballos —de Troya y de carrera— en todos los partidos, pues no diferencian unos de otros siempre que les sirvan para el saqueo posterior de las arcas del Estado.
Solo si las personas decentes —e inmunes al chantaje y a la compra de conciencias— se involucran en la política y si cambiamos el sistema de financiamiento electoral a uno de financiamiento público exclusivo, podremos salvar la democracia. Si no lo hacemos, estaremos condenados a vivir en una ficción política, en la que se aparentará que se practica la competencia democrática, pero realmente seremos parte de una carrera arreglada.
El Siglo, 04 de junio, 2013